Algunos libros recientes:
1. Código de derecho internacional ambiental.
Hernando Sánchez Sánchez
Colección textos de jurisprudencia. Universidad del Rosario.
2. Homenaje a Gaia.
James Lovelock.
Ed. Laetoli
3. Perspectivas del derecho ambiental en Colombia.
Beatriz Londoño Toro. UR
4. Residuos sólidos.
Ramón Duque Muñoz y Héctor Collazos.
5. Planeta frito.
Sergio Bolat.
Ed. Urano.
6. Los Biocombustibles.
M.campos. Ed. Mundiprensa.
Colección textos de jurisprudencia. Universidad del Rosario.
7. Desarrollo rural sostenible
Pablo Martinez de Anguita.
8. La nueva configuración del principio del non bis in idem.
Jose Muñoz Llorente.
9. El delito ecológico.
Yesid Rámirez Bastidas.
10. El ejercicio de las competencias administrativas en materia ambiental.
U. Externado.
11. The world without us.
Alan Weisman.
jueves, 23 de octubre de 2008
domingo, 19 de octubre de 2008
Bibliografía
Quería recordarles que Juan David se ha estado encargando de sistematizar las sugerencias bibliográficas que los integrantes del GIDCA envíen, bien para nuestro Grupo o para sugerir a la Decanatura la compra de libros sobre los temas ambientales de nuestro interés que alimenten la biblioteca de la Facultad. UN abrazo, Gregorio
Sitios Web
Quería compartir con el GIDCA el sitio web
http://video.google.com/videoplay?docid=-5645724531418649230
http://video.google.com/videoplay?docid=-5645724531418649230
sábado, 18 de octubre de 2008
Justificación del grupo
La producción normativa en materia ambiental en Colombia ha sido destacada como de las más avanzadas en el contexto latinoamericano. Aún así, lo expresado o mandado por las normas no se cumple, se desconocen los derechos colectivos y ambientales de individuos, grupos, sectores poblaciones, comunidades étnicas, campesinas, urbanas y la sociedad en general.
El desconocimiento de los preceptos constitucionales y legales que formulan la protección de los derechos colectivos y ambientales, el uso adecuado de los bienes naturales y ambientales y la conservación del ambiente se hace cada vez mayor, cuando se analizan los desarrollos normativos de las dos últimas décadas, en particular, porque el lobby de grupos de presión (transnacionales y empresas y grupos económicos y políticos nacionales) incide tanto en la creación normativa (a nivel del Congreso y del gobierno nacional) como en su aplicación (por parte de las autoridades ambientales) y en su interpretación (decisiones judiciales de diverso nivel). Las comunidades étnicas, campesinas y urbanas más vulnerables, los ecosistemas estratégicos y la población en general son las más afectadas, tanto en la salud humana como del ambiente.
Los derechos humanos ambientales gozan de gran actualidad y hacen parte de la crítica emancipatoria a los más grandes y graves problemas ambientales nacionales y globales que requieren respuestas adecuadas. La discusión sobre un tema de especial trascendencia como los derechos y las políticas ambientales, además de requerir un debate permanente sobre la necesidad de su incorporación en los ordenamientos jurídicos y los mecanismos políticos y judiciales para su reivindicación y protección efectiva estará limitada si no se desarrollan procesos políticos y sociales que permitan vincular a la academia en el seguimiento y evaluación de las distintas acciones de las organizaciones y movimientos sociales, así como de los agentes gubernamentales y del nivel de decisiones en el Congreso y en la Rama Judicial.
A pesar de los grandes desarrollos normativos en materia ambiental en Colombia, tales ejercicios en el ámbito de los derechos han privilegiado los derechos subjetivos del individuo, pero nuevos problemas y nuevas necesidades de las sociedades humanas y particularmente de sus sectores más desfavorecidos, hacen imprescindible la protección de los derechos humanos colectivos y ambientales, en perspectiva de integralidad de los derechos humanos.
En los últimos tiempos y en contravía de las formulaciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos, así como de las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y diversos bienes naturales, el Estado en sus diversos niveles se ha dado en la tarea de desmontar las normas que protegen tanto a comunidades étnicas como población en general, desde sus derechos colectivos y ambientales.
Colombia ha sido formulado como un Estado social y democrático de derecho, pero los atentados (en el sentido de su desconocimiento, erosión, disminución o eliminación) a buena parte de los derechos humanos reconocidos en el último gran grupo (que en la doctrina jurídica se conocen como los “derechos de tercera generación”) requieren la inclusión de categorías, conceptos y fundamentación sobre lo que se podría denominar el Estado ‘ambiental’ de derecho, que incorpore elementos nuevos como respuestas a tales retos, problemas y necesidades humanas.
Nuestro país ha adherido a todos los tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos y del ambiente. Los procesos de globalización económica excluyente impactan cada vez más en la manera como los países biodiversos tratan de resolver sus problemas socioeconómicos y políticos (que en el caso colombiano, a su vez están mediados por el conflicto armado) a expensas de explotar intensivamente sus bienes naturales (o recursos naturales como se les conoce desde las formulaciones modernas liberales y neoliberales).
Así las cosas, una concepción sobre el desarrollo (que en tales tiempos de globalización) precisa un desarrollo sostenible formulado desde concepciones meramente ecocapitalistas, podría no responder a intereses nacionales o de grupos o comunidades nacionales particulares o del país en general, ya que se imponen por diversos medios, políticas socioambientales que desconocen tanto normas internacionales como nacionales que protegen derechos ambientales, derechos étnicas y la idea de usar con cuidado los bienes naturales y ambientales (conservacionismo más que preservacionismo).
En las dos últimas décadas la actividad del Estado, tanto desde el legislador como desde el gobierno nacional pasa de ser el aspecto de formulación de políticas a favor del ambiente, al desmonte de las mismas para privilegiar intereses internos externos o particulares, muchos de ellos, a partir de sustraer determinadas actividades productivas al control y seguimiento de su accionar (por ejemplo, al limitar o eliminar el licenciamiento ambiental para determinadas actividades productivas).
Las previsiones constitucionales y legales que protegen esos derechos una vez se procede a su reglamentación, son erosionados, disminuidos, desmontados o eliminados sus mecanismos de protección. Por ello, la expedición de normas o la discusión de proyectos de ley del tipo de bosques, páramos, aguas, fauna, desarrollo rural, entre otras, terminan poniendo en entredicho los preceptos constitucionales y legales de tal protección, sometiendo los intereses nacionales, sectoriales o étnicos, colectivos o comunitarios a claros intereses económicos foráneos de las transnacionales o de empresas nacionales que solo ven en el lucro rápido la forma de hacer desarrollo.
El Grupo de Investigación “DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES” pretende contribuir en los debates necesarios desde la academia para esta discusión, para el análisis de lo que está sucediendo en los niveles legislativo (seguimiento a la agenda legislativa en materia ambiental tanto en el Congreso como en el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT), ejecutivo (seguimiento a los procesos de licenciamiento ambiental y demás procedimientos administrativos ambientales) y Judicial (seguimiento a las principales decisiones jurisprudenciales en materia ambiental y de derechos humanos colectivos y ambientales.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia no puede estar por fuera de estos análisis y debates pues como parte de su misión, requiere en especial, la producción de insumos de conocimiento sobre la realidad ambiental local, regional y nacional, así como su análisis crítico y la formulación de estrategias de desarrollo adecuadas que permitan concretar los derechos humanos colectivos y ambientales en particular y, los derechos humanos en general.
Gregorio Mesa Cuadros
Director
El desconocimiento de los preceptos constitucionales y legales que formulan la protección de los derechos colectivos y ambientales, el uso adecuado de los bienes naturales y ambientales y la conservación del ambiente se hace cada vez mayor, cuando se analizan los desarrollos normativos de las dos últimas décadas, en particular, porque el lobby de grupos de presión (transnacionales y empresas y grupos económicos y políticos nacionales) incide tanto en la creación normativa (a nivel del Congreso y del gobierno nacional) como en su aplicación (por parte de las autoridades ambientales) y en su interpretación (decisiones judiciales de diverso nivel). Las comunidades étnicas, campesinas y urbanas más vulnerables, los ecosistemas estratégicos y la población en general son las más afectadas, tanto en la salud humana como del ambiente.
Los derechos humanos ambientales gozan de gran actualidad y hacen parte de la crítica emancipatoria a los más grandes y graves problemas ambientales nacionales y globales que requieren respuestas adecuadas. La discusión sobre un tema de especial trascendencia como los derechos y las políticas ambientales, además de requerir un debate permanente sobre la necesidad de su incorporación en los ordenamientos jurídicos y los mecanismos políticos y judiciales para su reivindicación y protección efectiva estará limitada si no se desarrollan procesos políticos y sociales que permitan vincular a la academia en el seguimiento y evaluación de las distintas acciones de las organizaciones y movimientos sociales, así como de los agentes gubernamentales y del nivel de decisiones en el Congreso y en la Rama Judicial.
A pesar de los grandes desarrollos normativos en materia ambiental en Colombia, tales ejercicios en el ámbito de los derechos han privilegiado los derechos subjetivos del individuo, pero nuevos problemas y nuevas necesidades de las sociedades humanas y particularmente de sus sectores más desfavorecidos, hacen imprescindible la protección de los derechos humanos colectivos y ambientales, en perspectiva de integralidad de los derechos humanos.
En los últimos tiempos y en contravía de las formulaciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos, así como de las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y diversos bienes naturales, el Estado en sus diversos niveles se ha dado en la tarea de desmontar las normas que protegen tanto a comunidades étnicas como población en general, desde sus derechos colectivos y ambientales.
Colombia ha sido formulado como un Estado social y democrático de derecho, pero los atentados (en el sentido de su desconocimiento, erosión, disminución o eliminación) a buena parte de los derechos humanos reconocidos en el último gran grupo (que en la doctrina jurídica se conocen como los “derechos de tercera generación”) requieren la inclusión de categorías, conceptos y fundamentación sobre lo que se podría denominar el Estado ‘ambiental’ de derecho, que incorpore elementos nuevos como respuestas a tales retos, problemas y necesidades humanas.
Nuestro país ha adherido a todos los tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos y del ambiente. Los procesos de globalización económica excluyente impactan cada vez más en la manera como los países biodiversos tratan de resolver sus problemas socioeconómicos y políticos (que en el caso colombiano, a su vez están mediados por el conflicto armado) a expensas de explotar intensivamente sus bienes naturales (o recursos naturales como se les conoce desde las formulaciones modernas liberales y neoliberales).
Así las cosas, una concepción sobre el desarrollo (que en tales tiempos de globalización) precisa un desarrollo sostenible formulado desde concepciones meramente ecocapitalistas, podría no responder a intereses nacionales o de grupos o comunidades nacionales particulares o del país en general, ya que se imponen por diversos medios, políticas socioambientales que desconocen tanto normas internacionales como nacionales que protegen derechos ambientales, derechos étnicas y la idea de usar con cuidado los bienes naturales y ambientales (conservacionismo más que preservacionismo).
En las dos últimas décadas la actividad del Estado, tanto desde el legislador como desde el gobierno nacional pasa de ser el aspecto de formulación de políticas a favor del ambiente, al desmonte de las mismas para privilegiar intereses internos externos o particulares, muchos de ellos, a partir de sustraer determinadas actividades productivas al control y seguimiento de su accionar (por ejemplo, al limitar o eliminar el licenciamiento ambiental para determinadas actividades productivas).
Las previsiones constitucionales y legales que protegen esos derechos una vez se procede a su reglamentación, son erosionados, disminuidos, desmontados o eliminados sus mecanismos de protección. Por ello, la expedición de normas o la discusión de proyectos de ley del tipo de bosques, páramos, aguas, fauna, desarrollo rural, entre otras, terminan poniendo en entredicho los preceptos constitucionales y legales de tal protección, sometiendo los intereses nacionales, sectoriales o étnicos, colectivos o comunitarios a claros intereses económicos foráneos de las transnacionales o de empresas nacionales que solo ven en el lucro rápido la forma de hacer desarrollo.
El Grupo de Investigación “DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES” pretende contribuir en los debates necesarios desde la academia para esta discusión, para el análisis de lo que está sucediendo en los niveles legislativo (seguimiento a la agenda legislativa en materia ambiental tanto en el Congreso como en el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT), ejecutivo (seguimiento a los procesos de licenciamiento ambiental y demás procedimientos administrativos ambientales) y Judicial (seguimiento a las principales decisiones jurisprudenciales en materia ambiental y de derechos humanos colectivos y ambientales.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia no puede estar por fuera de estos análisis y debates pues como parte de su misión, requiere en especial, la producción de insumos de conocimiento sobre la realidad ambiental local, regional y nacional, así como su análisis crítico y la formulación de estrategias de desarrollo adecuadas que permitan concretar los derechos humanos colectivos y ambientales en particular y, los derechos humanos en general.
Gregorio Mesa Cuadros
Director
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